Cada día, millones de niñas y niños comen en comedores escolares. Y cada día, con nuestros impuestos, se compra comida que ha dado la vuelta al mundo antes de llegar a la mesa. No es solo una cuestión de kilómetros: es el impacto en la salud, la economía, el territorio, el clima. ¿El resultado? Dinero público que alimenta a las grandes distribuidoras, mientras el campo de aquí no puede ni competir. Esto no pasa porque sí. Pasa porque los requisitos que pone la administración para elegir a quién comprar favorecen a quien más tiene, no a quien mejor lo hace. Son decisiones políticas. Y pueden cambiarse.

Existen ya escuelas que saben que se puede hacer de otra manera: escuelas que saben qué empresas hay detrás de cada menú. Escuelas que demuestran cada día que comprar productos frescos, ecológicos, de proximidad y de temporada elimina intermediarios, reduce costes e injusticias. Queremos que las escuelas que saben dejen de ser la excepción y pasen a ser la norma. Que lo que pagamos no financie la explotación laboral o la devastación ambiental, ni aquí ni en otros países. Que las cocinas de verdad sigan existiendo. Ahora hay una ventana abierta y tenemos que organizarnos para hacer efectivos nuestros derechos. En abril de 2026 entra en vigor un nuevo decreto sobre comedores escolares que, aunque reconoce el derecho a una compra pública sostenible, se queda corto a la hora de garantizarlo.

Puede que te preocupe la salud de tus hijos e hijas o el despoblamiento del campo. Quizá lo tuyo sea el clima y ves absurdo que traigamos comida de la otra punta del mundo, o que se vulneren los derechos de quienes la producen en países lejanos y aquí mismo. A lo mejor solo quieres saber en qué se gastan tus impuestos, o te parece una contradicción que en clase se hable de cuidar el planeta y en el comedor se haga lo contrario. Puede que tus preocupaciones sean otras o que algunas de las expuestas te parezcan exageradas. Pero eso no importa. Los grandes cambios los consiguen quienes empujan en la misma dirección, aunque no piensen exactamente igual.

La compra pública alimentaria en las escuelas debe cambiar para que deje de favorecer a quienes dominan el mercado y favorezca la salud de las niñas y los niños. Firmamos este manifiesto porque sabemos que este cambio es posible y exigimos garantías.

Somos escuelas, organizaciones, productores, familias, sindicatos, administraciones y empresas que sabemos que la compra pública de alimentos nos afecta a todas y debe cambiar.